Varapalo judicial contra el gobierno de Vivas en torno al número de asesores irregulares

antonio

Los de UGT consideran que es urgente que intervenga la fiscalía en defensa del ciudadano para evitar que prolongue todos estos pleitos de forma artificial y cambie denominaciones de cargos, direcciones generales, viceconsejerías y “todas las artimañas habidas y por haber para que los fondos públicos no se puedan seguir utilizando indebidamente. Y desde luego el Ministerio de Política Territorial y Función Pública tiene que intervenir sin dilación para que se nombre un Interventor y un Secretario General y desde luego que no sea elegido por el dedo del señor Vivas”.

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La justicia ha vuelto por segunda vez dar la razón al sindicato UGT, el Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 1, desde 2015 el gobierno de Vivas implementó de forma irregular de 18 asesores a 41 asesores, de lo que eran beneficiarios todo el arco de la asamblea de Ceuta, sin que por ello hubiera hasta el presente desavenencias con la oposición, algo así como un café para todos, para acallar disidencias, pero UGT tomó en su día la iniciativa de denunciar una acción política fuera de la ley y en contra de las normas presupuestarias.

En UGT están muy seguros de que recurrirán esta sentencia, aún a sabiendas “que el TSJA va a ratificarla, lo recurre con el dinero de todos los ciudadanos, como hizo con la anterior sentencia que ganó la UGT sobre su indemnización por residencia en la que de forma impúdica contrató a un abogado por quince mil euros para defender su propio bolsillo sin ruborizarse. Tardaremos dos años más en que llegue la sentencia del TSJA y si puede recurrirá en casación ante el Supremo, mientras los ciudadanos seguimos pagando las retribuciones de veintitrés asesores, que nunca serán devueltas”.

Ugt no entiende como se permite que pase esto “¿Cómo es posible que durante dos décadas Vivas haya gobernado esta Ciudad sin secretario general, ni interventor? Las dos figuras básicas de cualquier administración autonómica o local, una para controlar la legalidad de las decisiones que se adopten y la otra para controlar las cuentas ¿Y por qué se ha tolerado que en todos los procedimientos judiciales por nombramientos indebidos haya ido haciendo piruetas judiciales para eludir la acción de la justicia? Llegando al punto de que el Tribunal Supremo en la sentencia de casación por el asunto de los viceconsejeros calificara sus maniobras como fraude de ley”.

Los de UGT consideran que es urgente que intervenga la fiscalía en defensa del ciudadano para evitar que prolongue todos estos pleitos de forma artificial y cambie denominaciones de cargos, direcciones generales, viceconsejerías y “todas las artimañas habidas y por haber para que los fondos públicos no se puedan seguir utilizando indebidamente. Y desde luego el Ministerio de Política Territorial y Función Pública tiene que intervenir sin dilación para que se nombre un Interventor y un Secretario General y desde luego que no sea elegido por el dedo del señor Vivas”.

En cualquier caso, desde la UGT, como ya anunciamos en su momento, estamos preparando una demanda, que próximamente se presentará ante el Juzgado de Instrucción correspondiente en evitación de que el Ejecutivo Local con su presidente a la cabeza siga con esta política de intentar esquivar a la Justicia a costa del bolsillo de los ciudadanos.

UGT también señala al Ejecutivo local porque en plena crisis de la COVID-19 «cuando todos los ayuntamientos refuerzan sus plantillas para prestarle un servicio más eficaz a sus ciudadanos, aquí el Gobierno del señor Vivas no tiene un euro para contrataciones, cuando hay servicios básicos que están al borde del colapso» y reprueba que se vayan a nombrar a «cuatro asesores más, al parecer todos ellos muy patrióticos. Para eso sí hay dinero. Indignante y bochornoso»

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